Caso Carranza: el Gobierno español antepone otros intereses a los derechos humanos

Todos los intentos para que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero rectifique su postura en el caso del abogado y mediador vecinal Juan Manuel Carranza han sido en vano. Ignorando no ya cuestiones básicas de justicia sino criterios humanitarios, el pasado viernes 4 de junio el Consejo de Ministros aprobó su extradición a Perú para que sea juzgado por un presunto delito de terrorismo. Y lo hizo a pesar de que la Audiencia Nacional no ha resuelto aún un recurso de nulidad presentado por su abogado, el letrado Gonzalo Boye, contra una sentencia del Pleno de la Sala de lo Penal de este tribunal que refrenda su expulsión. El ejecutivo español ha optado por anteponer sus buenas relaciones con el Gobierno de Alan García, muy cuestionado en instancias internacionales en materia de derechos humanos, a la defensa de estos últimos. Precisamente el acuerdo del Consejo de Ministros se producía en la vigilia del aniversario de una jornada negra para el ejecutivo peruano, la llamada “masacre de Bagua”. El 5 de junio de 2009, una feroz represión de las fuerzas del orden peruanas contra miles de indígenas que bloqueaban carreteras para exigir la derogación de dos decretos legislativos que ponían en riesgo la integridad de sus tierras, se saldó con 34 muertos oficiales, aunque fuentes indígenas hablan de muchos más. En tres años del segundo Gobierno de García, las organizaciones de derechos humanos han contabilizado la muerte, a manos de la policía peruana, de al menos 101 personas –entre ellas cuatro niños–, la mayoría durante protestas sociales. Nada de esto ha tenido en cuenta el gabinete de Zapatero.

Si la Audiencia Nacional rechaza el recurso de nulidad, Boye apelará ante la última instancia española, el Tribunal Constitucional, aunque la Audiencia puede revocar en cualquier momento la libertad provisional de Carranza e iniciar los trámites para su deportación, una perspectiva que horroriza a su mujer y a sus dos hijos, que junto él residen en España desde 1998. El Estado peruano pretende juzgar a este mediador vecinal del barrio de Los Rosales (Villaverde, Madrid) y trabajador de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) por formar parte de Sendero Luminoso. En realidad, su único delito fue realizar un año de prácticas de derecho en la Asociación de Abogados Democráticos (AAD), entidad que, entre otros acusados, daba soporte a detenidos de este grupo armado. Los miembros de la AAD fueron perseguidos, torturados, encausados y asesinados, y nunca se ha probado su vinculación con Sendero, como han reconocido las peruanas Comisión de la Verdad y la Corte Suprema de la Justicia.

En caso de ser extraditado y juzgado en Perú, el proceso ofrece pocas garantías, dada la escasa independencia de los tribunales en este tipo de casos altamente politizados. Pero, más allá de este hecho, tanto Juan Manuel como su familia temen por su propia vida ante la inhumana y degradante situación de las prisiones y al estado de salud del propio acusado. El abogado, de 49 años y nacionalidad española, padece una incapacidad física del 33%, consecuencia de las torturas a las que le sometió la policía de Fujimori en 1992. Además, corre el riesgo de encontrarse en prisión con ex militares que en su día le vigilaron y acosaron y que han sido condenados por torturar, secuestrar y asesinar a disidentes políticos. Al margen de todo esto, la extradición de Carranza supondría una nueva fractura en su vida y una extraordinaria injusticia, máxime si se tiene en cuenta que ha sido él quien ha tomado siempre la iniciativa judicial, y ha solicitado ser juzgado en España para aclarar definitivamente los cargos que se le imputan. Por ello, su familia y amigos redoblan sus esfuerzos para tratar de frenar in extremis su deportación, organizando actos como la cena de solidaria que tuvo lugar el pasado 3 de junio en el madrileño barrio de Tetuán.

FIESTA SOLIDARIA

LA AUDIENCIA NACIONAL REFRENDA LA EXTRADICIÓN A PERÚ DEL ABOGADO MANUEL CARRANZA, PONIENDO EN PELIGRO SU INTEGRIDAD

Su abogado, tras pedir la nulidad del auto de la Audiencia, presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional

Juan Manuel, que tiene nacionalidad española, ha sido perseguido desde 1992 por formar parte de la Asociación de Abogados Democráticos, una entidad legal que Fujimori relacionaba con Sendero Luminoso

Este mediador vecinal de Villaverde, que cuenta con el apoyo de la FRAVM y de las AA VV del distrito, sufre una discapacidad debido a las torturas padecidas en Perú

Madrid. 12 de mayo de 2010. Las esperanzas que el abogado y perseguido político Juan Manuel Carranza había puesto en la justicia española se desvanecen. Y con ellas, una pretensión tan simple como ordinaria: tener una vida normal en Madrid, donde trabaja como mediador vecinal para la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM). El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acaba de desestimar el recurso de súplica contra un auto de la Sección Segunda de esa misma sala que da vía libre a su extradición a Perú para ser juzgado por un delito de “terrorismo”. De esta manera, el tribunal accede a una solicitud realizada por el Gobierno peruano que fue cursada por el Ministerio de Exteriores español en 2008. Ante las evidentes fisuras que presenta la resolución del pleno, y a sabiendas de que es extremadamente difícil un resultado favorable, el abogado de Carranza presentó ayer un recurso solicitando su nulidad, aunque ya prepara su último cartucho judicial, un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. En el plano político, su familia, el comité de apoyo y otras organizaciones sociales redoblan sus esfuerzos para lograr que el Gobierno español rectifique su postura y deniegue la extradición de este mediador vecinal del barrio de Los Rosales (Villaverde Bajo) que, casado y con dos hijos, lleva viviendo en España desde 1998. El Estado peruano pretende juzgarlo por unos hechos que ocurrieron a principios de los noventa: según éste, Carranza formaba parte de Sendero Luminoso. En realidad, su único delito fue realizar un año de prácticas de derecho en la Asociación de Abogados Democráticos (AAD), entidad que, entre otros acusados, daba soporte a detenidos de este grupo armado. Los miembros de la AAD fueron perseguidos, torturados, encausados y asesinados, y nunca se ha probado su vinculación con Sendero, como han reconocido las peruanas Comisón de la Verdad y la Corte Suprema de la Justicia.

En caso de ser extraditado y juzgado en Perú, el proceso ofrece escasas garantías, dada la escasa independencia de los tribunales en este tipo de casos altamente politizados. Pero, más allá de este hecho, tanto Juan Manuel como su familia temen por su propia vida, ya que en el país andino su seguridad no está garantizada debido no sólo a la falta de garantías procesales, sino también a la inhumana y degradante situación de las prisiones y al estado de salud del propio acusado. El abogado, de 49 años y nacionalidad española, padece una incapacidad física del 33%, consecuencia de las torturas a las que le sometió la policía de Fujimori en 1992. Además, corre el riesgo de encontrarse en prisión con ex militares que en su día le vigilaron y acosaron y que han sido condenados por torturar, secuestrar y asesinar a disidentes políticos. Nada de esto ha sido tenido en cuenta por el pleno de sala de lo penal de la Audiencia, que en el auto se muestra convencido de que el caso de Carranza será seguido en Perú “con todas las garantías” y que “a día de hoy no ha quedado constatada ni probada en autos” la mala situación de las cárceles en este país. Tampoco investigaciones de organismos de derechos humanos como Human Rigths Watch, que en su Informe de 2010 sostiene que en Perú "la tortura y el maltrato de presuntos delincuentes representan un problema crónico". Y mucho menos las 101 personas –entre ellas cuatro niños, campesinos y mujeres– que han muerto a manos de la policía -la mayoría durante protestas sociales- en tres años del segundo Gobierno de Alan García.

Al margen de todo esto, la extradición de Carranza supondría una nueva fractura en su vida y una extraordinaria injusticia, máxime si se tiene en cuenta que ha sido él quien ha tomado siempre la iniciativa judicial, y ha solicitado ser juzgado en España para aclarar definitivamente los cargos que se le imputan.

Entre 1991 y 1992, tras concluir Derecho, Carranza realizó prácticas en la AAD. Su único delito fue prestar asistencia a acusados sin recursos. Y hacerlo en una entidad que, a pesar de haber sido siempre legal, el Gobierno peruano vincula con Sendero. Por este motivo, Juan Manuel fue detenido (durante 15 días), torturado, perseguido y acosado, lo que le obligó a dejar no sólo la AAD sino también Lima, para exiliarse, en 1996, en Argentina. Allí obtuvo la condición de refugiado político. Dos años más tarde, coincidiendo con una campaña de detenciones y extradiciones de peruanos en países como Bolivia y Venezuela, Manuel y su compañera vuelven a ser objeto de hostigamiento y vigilancia, a pesar de su condición de refugiados, por lo que se establecen en España, que pronto les concede la nacionalidad. En Madrid trabajó primero en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y desde hace dos años en la FRAVM, entidades que le han brindado todo su apoyo en un proceso que consideran arbitrario e inicuo. Los cargos o “pruebas” contra Carranza son inconcretos e insustanciales y están basados en declaraciones obtenidas bajo tortura que luego fueron retiradas.

De ser extraditado a Perú, el Estado español cometería un acto de extrema injusticia, por lo que tanto las organizaciones citadas y otras como la Asociación Libre de Abogados, como su familia y amigos, reclaman al Gobierno de Zapatero la paralización inmediata del proceso de extradición.

LA AUDIENCIA NACIONAL NO FRENA LA PERSECUCIÓN POLÍTICA DEL ABOGADO Y MEDIADOR VECINAL JUAN MANUEL CARRANZA

Su abogado defensor acaba de presentar un recurso de súplica ante el Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional

Juan Manuel Carranza, que trabaja en la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y tiene dos hijos, teme por su seguridad y su vida si lo expulsan a Perú

El mediador, de nacionalidad española, ha sido perseguido desde 1992 por formar parte de la Asociación de Abogados Democráticos, una entidad legal que Fujimori relacionaba con Sendero Luminoso

Madrid. 9 de marzo de 2010. El acoso a Juan Manuel Carranza, abogado y mediador vecinal en el madrileño distrito de Villaverde, parece no tener fin. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acaba de acceder a la solicitud de extradición del Estado peruano para juzgarlo por un genérico delito de “pertenencia a grupo terrorista”. Del mismo Estado que, por razones exclusivamente políticas, lo persigue y acosa desde 1992, tal y como ha reconocido el ACNUR y el propio Gobierno argentino, que en 1996 le concedió el estatus de refugiado político. El único “delito” que ha cometido Juan Manuel, que ha trabajado para CEAR y actualmente lo hace para la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), ha sido realizar un año de prácticas de derecho en la Asociación de Abogados Democráticos del Perú, entidad que, entre otras personas, daba soporte a acusados de pertenecer a Sendero Luminoso. Los cargos contra este mediador de 49 años, de origen peruano y nacionalidad española, casado y con dos hijos, no sólo han prescrito, sino que son inconcretos e insustanciales y están basados en declaraciones de detenidos obtenidas bajo tortura que luego fueron retiradas. Algunas declaraciones, incluso, sitúan a Juan Manuel en Perú en 1997, año en que ya estaba exiliado en Argentina. Pero la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, tras la vista oral que tuvo lugar el pasado 1 de febrero, no sólo no ha tenido en cuenta estas circunstancias sino que ha rechazado todos y cada uno de los argumentos de la defensa de Carranza. “El tribunal no ha razonado nuestras alegaciones y pruebas, lo que constituye una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva”, sostiene Juan Manuel, que siempre ha colaborado con la justicia española y no se esperaba una respuesta tan poco inicua de la Audiencia.

Su abogado presentó el 1 de marzo un recurso de súplica al pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, que en las próximas semanas deberá emitir una nueva resolución, de tal forma que si refrenda el acuerdo de la Sección Segunda Juan Manuel será enviado a una prisión española a la espera de ser extraditado. Desde la cárcel, el mediador vecinal, que cuenta con el apoyo de numerosas entidades sociales, la FRAVM, CEAR y la Asociación Libre de Abogados entre ellas, podrá recurrir al Tribunal Constitucional pero es más que probable que antes de que éste emita una sentencia definitiva, el Gobierno español curse la extradición, poniendo en riesgo la propia vida de Carranza. Su familia y amigos, que se encuentran destrozados ante esta perspectiva, insisten en que un proceso judicial en Perú no ofrece las “debidas garantías” y que su allegado puede sufrir “tratos inhumanos y degradantes”, como ya ocurrió en el pasado. Carranza padece una una incapacidad física del 33% consecuencia de las torturas infringidas por la policía de Fujimori en 1992. A la falta de garantías procesales en casos tan politizados como éste hay que añadir la inhumana situación de las prisiones peruanas donde será encerrado Juan Manuel. Recientemente, la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional españoles, en el caso del español Salvador Alfonso Escrivá, reconocieron que éstas no garantizan la vida y seguridad de las personas internas. Por este motivo el Gobierno de Rodríguez Zapatero rechazó una petición de extradición contra este ciudadano.

En estos momentos, los familiares, amigos y compañeros de Juan Manuel redoblan sus esfuerzos para que las altas instancias judiciales y el Ejecutivo de nuestro país actúen de igual manera y en virtud de criterios humanitarios y de justicia, rechacen la demanda de extradición del Gobierno peruano. Para ello, ya han recogido centenares de peticiones individuales y de organizaciones que, de manera progresiva, están llegando a la Audiencia Nacional. “¡Ya es hora de poner fin a una persecución política que dura más de quince

ACTIVIDAD DE APOYO

El abogado de Carranza presenta en la Audiencia Nacional sólidas razones para evitar la extradición

ACCIÓN URGENTE FIRMA POR LA NO EXTRADICIÓN DE JUAN MANUEL CARRANZA

Juan Manuel Carranza puede ser extraditado a Perú para ser juzgado en un proceso sin garantías y donde su vida y su seguridad corren peligro. La extradición le causaría un daño irreparable a él y a su familia.
Os solicitamos la firma personal y/o de la organización del manifiesto adjunto y enviarla a noextradicion.juanmanuel@gmail.com
Más información del caso: http://juanmanuelcarranza.blogspot.com

CONTRA LA EXTRADICCIÓN A PERÚ DEL ABOGADO Y MEDIADOR VECINAL

JUAN MANUEL CARRANZA

Las personas y organizaciones abajo firmantes manifiestan su rechazo a la extradición del ciudadano español de origen peruano, D. Juan Manuel Carranza, por los siguientes motivos:

D. Juan Manuel Carranza, que actualmente trabaja como mediador barrial para la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, ha sido imputado por el Poder Judicial peruano en base a supuestas circunstancias ocurridas en Perú durante el periodo que va de finales de los ochenta hasta 1997.

En los noventa y bajo el mandato de Alberto Fujimori fueron frecuentes los procesos-montaje o falsos procesos en los que se acusaba de terrorismo a toda la disidencia política. Las denuncias se basaban en declaraciones forzadas o compradas a cambio de inmunidad, y buscaban, como se ha demostrado, reprimir y amedrentar a los movimientos sociales y a la población en general y presentar “resultados” aunque fuese con personas inocentes.

D. Juan Manuel Carranza, licenciado en Derecho, ejercía su actividad como pasante dentro de la Asociación de Abogados Democráticos del Perú y colaboraba con defensas penales, incluso de personas acusadas de delitos “subversivos”, de acuerdo con el derecho de toda persona a contar con defensa legal profesional. Por ello fue perseguido, detenido y torturado. Como consecuencia, tuvo que exiliarse a Argentina en 1996 donde obtuvo la condición de asilado político.

Los cargos o “pruebas” contra D. Juan Manuel Carranza son inconcretos e insustanciales y están basados en declaraciones obtenidas bajo tortura que luego fueron retiradas, de personas que lo hicieron para obtener impunidad. Algunas pruebas hacen referencia a 1997, año en que ya estaba exiliado en Argentina.

En caso de ser extraditado y juzgado en Perú, el proceso no ofrece garantías tanto por las dificultades o imposibilidad de desmontar testimonios debido al tiempo transcurrido, como, sobretodo, por la falta de independencia de la justicia y tribunales en este tipo de procesos altamente politizados y con un gobierno como el actual, ansioso también de “resultados”.

En caso de ser extraditado no está garantizada su vida y su seguridad debido no sólo a la falta de garantías procesales, sino también a la inhumana y degradante situación de las prisiones y al estado de salud del propio Juan Manuel. Las propias autoridades peruanas, y recientemente la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional españoles, en el caso del español Salvador Alfonso Escrivá han reconocido que las prisiones peruanas no garantizan la vida y la seguridad de las personas inculpadas internadas. Por este motivo han rechazado una petición de extradición del Estado peruano hacia esta persona.

La extradición causaría daños irreparables a Juan Manuel y su familia, esposa e hijos menores de muy corta edad, todos ellos de nacionalidad española y residentes en España.

La consideración del estado de salud de D. Juan Manuel Carranza, con una invalidez física reconocida de un 33%, producto de las torturas a las que fue sometido en Perú, impondría en cualquier caso la no concesión de la extradición por temor fundado a tratos inhumanos y degradantes o por motivos humanitarios.

Por lo cual se solicita no se conceda la extradición, o se aplique el principio de no devolución, aplicable plenamente en este caso.

COMITÉ DE APOYO A LA NO EXTRADICIÓN DEL ABOGADO

JUAN MANUEL CARRANZA LAURENTE

Laura Sánchez Uriarte, Psicóloga

Carlos Ernesto Mondada Banda, periodista.
Asociación de Vecinal Quintana de Madrid.
Bárbara Paz, Trabajadora Social.

NO A LA EXTRADICCIÓN DE JUAN MANUEL

El Comité de Apoyo al ciudadano español de origen peruano, Juan Manuel Carranza Laurente, Abogado egresado en l990 de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien es objeto de un pedido de Extradición por el gobierno del Perú, considera que la petición no es procedente porque se origina en hechos que estuvieron vinculados al ejercicio de su profesión y por la ausencia de veracidad en la pertenencia subversiva que se le imputa.

Ejercía como pasante (practicante) en la Asociación de Abogados Democráticos, entidad dedicada a defender: la vigencia de las leyes del es tado democrático del Perú; el libre ejercicio del derecho a la defensa; los derechos humanos; el respeto a la vida; todos principios de convivencia emergentes de los acuerdos internacio-nales firmados por aquel Estado.

El hecho de que en el ejercicio de sus trabajos, esta Asociación de Abogados defendie se eventualmente a insurgentes, les colocó en la mira de grupos paramilitares como "Rodrigo Franco", "Colina" y del sistema represivo peruano: el aparato policial y los poderes judicial, legislativo y ejecutivo. La legislación que en el año 1992 emanó del Golpe de Estado de Fuji-mori, incluidos los Decretos Leyes antisubversivos, violó la intangibilidad del derecho a la defensa de los detenidos, suspendió las acciones de Hábeas Corpus y Amparo, así como las libertades individuales y otros derechos fundamentales. En ese contexto, surgieron acusaciones contra los abogados e integrantes de la Asociación, que permitieron la persecución, el encarcelamiento y hasta produjo la muerte y desaparición de algunos de ellos. Es el caso de los abogados Jorge Cartagena Vargas, muerto en prisión y el de Wilfredo Terrones Silva, de-saparecido hasta hoy. Repudiamos el encarcelamiento injusto y atemorizador de personas durante muchos años, quienes luego fueron absueltos por falta de pruebas. Todo ello en cir-cunstancias de un enfrentamiento fratricida que los españoles debemos entender muy elocuentemente.

En obediencia a esa legislación ilegal Juan Manuel fue detenido al realizar una diligen-cia jurídica, interrogado y torturado durante 15 días entre Septiembre y Octubre del año 1992. Era una práctica muy común contra los acusados de apoyar la subversión, torturarlos para obtener declaraciones autoinculpatorias y/o “delatoras” – los “arrepentidos” – para luego ser procesados penalmente. Fue liberado por ser inocente, pero continuó siendo objeto de una intimidatoria persecución. En 1994, no soportándolo más, se vio obligado a abandonar su ciudad natal, Lima, y se trasladó a una Provincia del interior. Allí continuó desenvolvién-dose en actividades legales, como periodista, integrante de un estudio de abogacía y como profesor.

En 1996, al no cambiar esta situación de persecución, decidió huir hacia Argentina, en donde obtuvo el estatuto de Refugiado. Dos años después decide trasladarse a España para reunirse con la mayoría de su familia que ya residía aquí, ingresando en agosto de 1998 y solicitando Asilo, lo que fue admitido a trámite y denegado en el 2001. En ese mismo año un nuevo gobierno en el Perú, promulgó una legislación antisubversiva que revisaba la del régimen de Fujimori, por su origen inconstitucional. Se reiteraron errores que permitieron la renovación de los cargos contra los integrantes de la Asociación de Abogados Democráticos y se volvió a acusar a los antiguos acusados y perseguidos.

Juan Manuel, desde el año 1998 no ha salido de España y como parte de sus esfuerzos por integrarse y arraigarse en la sociedad española, se desenvuelve como Mediador vecinal. Es especialista en promover relaciones interculturales y de paz en los barrios del Dis trito de Villaverde. Constituyó familia con su compañera de vida María Cirila y tienen dos hijos de 5 y 2 años, Sacha y Yuri, de nacionalidad española. La posible y no deseada ausencia de Juan Manuel de su hogar, les dejaría inmediata y brutalmente sin sustento. A pesar de la cobertura social del Estado español, no existe la posibilidad automática de que María comience a trabajar y de que sus hijos encuentren rápidamente asistencia estatal. Toda esta situación de arraigo y proyección de futuro de la familia Carranza Atahualpa se ve agravada por la minusvalía física de un 33% de Juan Manuel, adquirida por las torturas reiteradas a que fue sometido durante su detención en 1992.

A favor de Juan Manuel y en respuesta a las falaces publicaciones de Abril del año pasado aparecidas en diarios limeños informando sobre su “detención en Madrid sin oponer resistencia”, habla el hecho de haberse presentado voluntariamente ante los jueces españo-les manifestando su extrañeza por la continuidad de esta peligrosa y añeja persecución. No existe ninguna prueba sobre su supuesta pertenencia subversiva, salvo los testimonios de un torturado que se retractó y de un “arrepentido” que afirma haberlo visto en Lima en 1997, cuando Juan Manuel residía ya en Argentina con el estatuto de Refugiado desde 1996. Resul ta por demás sospechoso que el actual Gobierno peruano lo pretendiera extraditar el año pa-sado junto a otros dos abogados, refugiados en Inglaterra y Chile. A sabiendas que el princi-pio de no devolución de refugiados es inviolable. Intentaron el despropósito, recibiendo el rechazo lógico y democrático a sus pretensiones.

Es evidente que aceptar el requerimiento del gobierno peruano pone en peligro la vida de Juan Manuel con total seguridad. En primer término, porque sus brutales cárceles son un reflejo del estado de subdesarrollo social, económico y político del país. Jamás en-contraría la atención médica, necesaria para su pervivencia. La seguridad vital en las cárceles peruanas es insignificante para cualquiera y en el caso de un preso acusado de subversión es menor aún. Los tratos inhumanos y degradantes están más que garantizados. Y lo que es más grave: su condición de perseguido político y testigo de las observaciones, vigilancias y seguimientos de las fuerzas de seguridad y paramilitares del Estado peruano lo convierten en presa codiciada para ser silenciada en cuanto se presente la primera oportunidad. De todo esto hablan los 101 asesinatos de civiles a manos de elementos policiales producidos en el Perú durante los casi cuatro años de gobierno del actual Gobierno (1); los numerosos informes de atentados, amenazas y persecuciones contra defensores de derechos hu-manos, testigos y operadores de justicia; así como el fallo negativo a un requerimiento del Estado peruano para la extradición de un ciudadano español por comisión de un delito común, (EL Mundo 24.11.2009) (2) emitido por una Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de Madrid, la cual argumenta con los mismos motivos que aquí detallamos.

Nos encontramos ante un caso claro de ataque arbitrario y carente de causas reales, a los derechos fundamentales y la estabilidad del abogado Juan Manuel Carranza Laurente y de su familia, razón por la cual damos estado público a esta situación y solicitamos al Gobierno de la Nación Española y a la judicatura del país, que no se dé curso a la petición de Extradición realizada por el Gobierno del Perú y el Estado peruano.

COMITÉ DE APOYO A LA NO EXTRADICIÓN DEL ABOGADO

            JUAN MANUEL CARRANZA LAURENTE
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Laura Sánchez Uriarte, Psicóloga
Carlos Ernesto Mondada Banda, periodista.
Asociación de Vecinos Quintana de Madrid.
Bárbara Paz, Trabajadora Social.