Su abogado, tras pedir la nulidad del auto de la Audiencia, presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional
Juan Manuel, que tiene nacionalidad española, ha sido perseguido desde 1992 por formar parte de la Asociación de Abogados Democráticos, una entidad legal que Fujimori relacionaba con Sendero Luminoso
Este mediador vecinal de Villaverde, que cuenta con el apoyo de la FRAVM y de las AA VV del distrito, sufre una discapacidad debido a las torturas padecidas en Perú
Madrid. 12 de mayo de 2010. Las esperanzas que el abogado y perseguido político Juan Manuel Carranza había puesto en la justicia española se desvanecen. Y con ellas, una pretensión tan simple como ordinaria: tener una vida normal en Madrid, donde trabaja como mediador vecinal para la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM). El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acaba de desestimar el recurso de súplica contra un auto de la Sección Segunda de esa misma sala que da vía libre a su extradición a Perú para ser juzgado por un delito de “terrorismo”. De esta manera, el tribunal accede a una solicitud realizada por el Gobierno peruano que fue cursada por el Ministerio de Exteriores español en 2008. Ante las evidentes fisuras que presenta la resolución del pleno, y a sabiendas de que es extremadamente difícil un resultado favorable, el abogado de Carranza presentó ayer un recurso solicitando su nulidad, aunque ya prepara su último cartucho judicial, un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. En el plano político, su familia, el comité de apoyo y otras organizaciones sociales redoblan sus esfuerzos para lograr que el Gobierno español rectifique su postura y deniegue la extradición de este mediador vecinal del barrio de Los Rosales (Villaverde Bajo) que, casado y con dos hijos, lleva viviendo en España desde 1998. El Estado peruano pretende juzgarlo por unos hechos que ocurrieron a principios de los noventa: según éste, Carranza formaba parte de Sendero Luminoso. En realidad, su único delito fue realizar un año de prácticas de derecho en la Asociación de Abogados Democráticos (AAD), entidad que, entre otros acusados, daba soporte a detenidos de este grupo armado. Los miembros de la AAD fueron perseguidos, torturados, encausados y asesinados, y nunca se ha probado su vinculación con Sendero, como han reconocido las peruanas Comisón de la Verdad y la Corte Suprema de la Justicia.
En caso de ser extraditado y juzgado en Perú, el proceso ofrece escasas garantías, dada la escasa independencia de los tribunales en este tipo de casos altamente politizados. Pero, más allá de este hecho, tanto Juan Manuel como su familia temen por su propia vida, ya que en el país andino su seguridad no está garantizada debido no sólo a la falta de garantías procesales, sino también a la inhumana y degradante situación de las prisiones y al estado de salud del propio acusado. El abogado, de 49 años y nacionalidad española, padece una incapacidad física del 33%, consecuencia de las torturas a las que le sometió la policía de Fujimori en 1992. Además, corre el riesgo de encontrarse en prisión con ex militares que en su día le vigilaron y acosaron y que han sido condenados por torturar, secuestrar y asesinar a disidentes políticos. Nada de esto ha sido tenido en cuenta por el pleno de sala de lo penal de la Audiencia, que en el auto se muestra convencido de que el caso de Carranza será seguido en Perú “con todas las garantías” y que “a día de hoy no ha quedado constatada ni probada en autos” la mala situación de las cárceles en este país. Tampoco investigaciones de organismos de derechos humanos como Human Rigths Watch, que en su Informe de 2010 sostiene que en Perú "la tortura y el maltrato de presuntos delincuentes representan un problema crónico". Y mucho menos las 101 personas –entre ellas cuatro niños, campesinos y mujeres– que han muerto a manos de la policía -la mayoría durante protestas sociales- en tres años del segundo Gobierno de Alan García.
Al margen de todo esto, la extradición de Carranza supondría una nueva fractura en su vida y una extraordinaria injusticia, máxime si se tiene en cuenta que ha sido él quien ha tomado siempre la iniciativa judicial, y ha solicitado ser juzgado en España para aclarar definitivamente los cargos que se le imputan.
Entre 1991 y 1992, tras concluir Derecho, Carranza realizó prácticas en la AAD. Su único delito fue prestar asistencia a acusados sin recursos. Y hacerlo en una entidad que, a pesar de haber sido siempre legal, el Gobierno peruano vincula con Sendero. Por este motivo, Juan Manuel fue detenido (durante 15 días), torturado, perseguido y acosado, lo que le obligó a dejar no sólo la AAD sino también Lima, para exiliarse, en 1996, en Argentina. Allí obtuvo la condición de refugiado político. Dos años más tarde, coincidiendo con una campaña de detenciones y extradiciones de peruanos en países como Bolivia y Venezuela, Manuel y su compañera vuelven a ser objeto de hostigamiento y vigilancia, a pesar de su condición de refugiados, por lo que se establecen en España, que pronto les concede la nacionalidad. En Madrid trabajó primero en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y desde hace dos años en la FRAVM, entidades que le han brindado todo su apoyo en un proceso que consideran arbitrario e inicuo. Los cargos o “pruebas” contra Carranza son inconcretos e insustanciales y están basados en declaraciones obtenidas bajo tortura que luego fueron retiradas.
De ser extraditado a Perú, el Estado español cometería un acto de extrema injusticia, por lo que tanto las organizaciones citadas y otras como la Asociación Libre de Abogados, como su familia y amigos, reclaman al Gobierno de Zapatero la paralización inmediata del proceso de extradición.
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