Caso Carranza: el Gobierno español antepone otros intereses a los derechos humanos

Todos los intentos para que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero rectifique su postura en el caso del abogado y mediador vecinal Juan Manuel Carranza han sido en vano. Ignorando no ya cuestiones básicas de justicia sino criterios humanitarios, el pasado viernes 4 de junio el Consejo de Ministros aprobó su extradición a Perú para que sea juzgado por un presunto delito de terrorismo. Y lo hizo a pesar de que la Audiencia Nacional no ha resuelto aún un recurso de nulidad presentado por su abogado, el letrado Gonzalo Boye, contra una sentencia del Pleno de la Sala de lo Penal de este tribunal que refrenda su expulsión. El ejecutivo español ha optado por anteponer sus buenas relaciones con el Gobierno de Alan García, muy cuestionado en instancias internacionales en materia de derechos humanos, a la defensa de estos últimos. Precisamente el acuerdo del Consejo de Ministros se producía en la vigilia del aniversario de una jornada negra para el ejecutivo peruano, la llamada “masacre de Bagua”. El 5 de junio de 2009, una feroz represión de las fuerzas del orden peruanas contra miles de indígenas que bloqueaban carreteras para exigir la derogación de dos decretos legislativos que ponían en riesgo la integridad de sus tierras, se saldó con 34 muertos oficiales, aunque fuentes indígenas hablan de muchos más. En tres años del segundo Gobierno de García, las organizaciones de derechos humanos han contabilizado la muerte, a manos de la policía peruana, de al menos 101 personas –entre ellas cuatro niños–, la mayoría durante protestas sociales. Nada de esto ha tenido en cuenta el gabinete de Zapatero.

Si la Audiencia Nacional rechaza el recurso de nulidad, Boye apelará ante la última instancia española, el Tribunal Constitucional, aunque la Audiencia puede revocar en cualquier momento la libertad provisional de Carranza e iniciar los trámites para su deportación, una perspectiva que horroriza a su mujer y a sus dos hijos, que junto él residen en España desde 1998. El Estado peruano pretende juzgar a este mediador vecinal del barrio de Los Rosales (Villaverde, Madrid) y trabajador de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) por formar parte de Sendero Luminoso. En realidad, su único delito fue realizar un año de prácticas de derecho en la Asociación de Abogados Democráticos (AAD), entidad que, entre otros acusados, daba soporte a detenidos de este grupo armado. Los miembros de la AAD fueron perseguidos, torturados, encausados y asesinados, y nunca se ha probado su vinculación con Sendero, como han reconocido las peruanas Comisión de la Verdad y la Corte Suprema de la Justicia.

En caso de ser extraditado y juzgado en Perú, el proceso ofrece pocas garantías, dada la escasa independencia de los tribunales en este tipo de casos altamente politizados. Pero, más allá de este hecho, tanto Juan Manuel como su familia temen por su propia vida ante la inhumana y degradante situación de las prisiones y al estado de salud del propio acusado. El abogado, de 49 años y nacionalidad española, padece una incapacidad física del 33%, consecuencia de las torturas a las que le sometió la policía de Fujimori en 1992. Además, corre el riesgo de encontrarse en prisión con ex militares que en su día le vigilaron y acosaron y que han sido condenados por torturar, secuestrar y asesinar a disidentes políticos. Al margen de todo esto, la extradición de Carranza supondría una nueva fractura en su vida y una extraordinaria injusticia, máxime si se tiene en cuenta que ha sido él quien ha tomado siempre la iniciativa judicial, y ha solicitado ser juzgado en España para aclarar definitivamente los cargos que se le imputan. Por ello, su familia y amigos redoblan sus esfuerzos para tratar de frenar in extremis su deportación, organizando actos como la cena de solidaria que tuvo lugar el pasado 3 de junio en el madrileño barrio de Tetuán.